Yo no soy abogado, y no me
compete hablar de los procedimientos administrativos o jurídicos que dictan la
legalidad o no de la destitución de Gustavo Petro como Alcalde Mayor de Bogotá.
Pero sí soy bogotano y es mi obligación moral dar mi posición al respecto. Quisiera creer que gracias a una gran leguleyada se manipuló la norma que se
aplique al caso, y se anunció la destitución e inhabilidad por 15 años, el día
de ayer. Así mismo, quisiera tener certeza que existen mecanismos legales
apegados a la constitución y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para
dar nulidad a la decisión tomada.